Desde los años ochenta, en diferentes contextos, la entrada a lo que el sociólogo Ulrich Beck llamó la “sociedad del riesgo” ha hecho que la relación con las catástrofes sea cada vez más inaceptable y que la búsqueda de responsabilidades jurídicas sea una cuestión habitual. El despliegue de investigaciones y juicios luego de la ocurrencia de catástrofes colectivas –tragedias sanitarias, catástrofes tecnológicas o incluso naturales– es un procedimiento corriente en la actualidad. Sin embargo, en el caso de las catástrofes naturales, esto no va de suyo. Por una parte, porque recurrir al derecho presupone dejar de lado otros registros explicativos –al menos en la escena del propio juicio– tales como el azar, el castigo divino o la fuerza de la naturaleza, y privilegiar el registro de la responsabilidad humana. Por otra parte, debido a que la justicia debe llegar a hacer visible un lazo de causalidad entre las acciones de los acusados y las dramáticas consecuencias de la catástrofe, cuestión que no tiene nada de evidente. En el caso que nos ocupa, el de la catástrofe provocada por la tormenta Xynthia en Francia, el juicio se centró en las responsabilidades de cinco individuos, dejando de lado las responsabilidades más amplias del Estado en la gestión del riesgo, que están fuera del campo de competencias de lo penal. Sin embargo, en el caso de una catástrofe de este tipo, la responsabilidad de los acusados refiere tanto a lo que hicieron como a lo que no hicieron a fin de evitar que sucediera lo peor. Las acciones de los acusados se inscriben en una sucesión de múltiples actos que la justicia debe desenredar para establecer la responsabilidad. [Primer párrafo]