Prestar a los pobres como medio para ayudarles a minimizar los efectos de la vulnerabilidad o capacitarles para una mejor inclusión socioeconómica no es algo nuevo: ni en términos de acción social de grupos civiles organizados ni en términos de políticas públicas. Tampoco es nueva la existencia de un enorme mercado informal de préstamos, relacionado con las casas de empeño y los usureros, instituciones que tradicionalmente operan al margen de la economía formal y que se dirigen – en general – a este mismo público, dentro de un capitalismo "subterráneo" o "sumergido". El fenómeno que efectivamente se inicia en la década de 1990 – a nivel global – es la proliferación de instituciones lucrativas de tipo formal, que compiten por la atracción de ese público antes organizado por la filantropía, el Estado y la clandestinidad, conformando algo que Hudson llamó la "industria de la pobreza" y que Mader y Schwittay calificaron como su "financiarización". También es reciente, además de bastante voluminoso, el debate sobre las supuestas ventajas de lo que se denomina convencionalmente "inclusión financiera" o "democratización de las finanzas", que fomentado por los Organismos Internacionales y creciendo en el ámbito académico evidencia una "panacea de elección" de las estrategias preferenciales para combatir la pobreza.